Aprueba Cabildo de Metepec aumento al presupuesto por 250 millones

El Cabildo de Metepec aprobó este 15 de octubre ampliar en alrededor de 250 millones de pesos el presupuesto municipal de 2026, a propuesta del presidente municipal Fernando Flores Fernández y con el respaldo de regidores del PAN, PRI, PRD y PT. La decisión se tomó sin una discusión de fondo ni una comparecencia que explicara con claridad cómo se determinaron las cifras, qué pagos deben realizarse y cómo se financiarán.

Votaron a favor Everardo Padilla Camacho, Marcela Michel Quiroz Ayala y José Miguel Pérez Saint Martín, del PAN; Stephanie Cadena Córdova, del PRI; María de Lourdes Martínez Pérez, del PRD, y Josué Sánchez Jiménez, del PT.

Los únicos votos en contra fueron los de Omar Antonio García Mendieta, octavo regidor, del Partido Verde Ecologista de México, y Yuritzi Castañeda Ulloa, novena regidora, de Movimiento Ciudadano. Jesika Suárez Gómez, séptima regidora, de Morena, estuvo ausente.

El Cabildo de Metepec aprobó una ampliación de 250.2 millones de pesos al presupuesto municipal de 2026. / Foto: ArchivoAD

El ajuste comprende tres ampliaciones: 142 millones 992 mil 188.40 pesos por subsidios y beneficios fiscales del predial; 97 millones 64 mil 601 pesos para juicios, y 10 millones 185 mil 205 pesos para créditos y obligaciones fiscales. Suman 250 millones 241 mil 994.40 pesos, equivalentes al 11.57% del presupuesto original de 2026.

La votación dio paso al aumento, pero dejó sin una explicación pública suficiente las preguntas centrales: por qué se requieren esas cantidades, cuánto corresponde a obligaciones cuyo pago ya puede exigirse y qué ingresos permitirán cubrirlas. Tampoco se aclaró qué cambió respecto de la planeación inicial del año para hacer necesario el ajuste.

Los juicios en ejecución y los 97 millones autorizados

La información publicada en el portal del Ayuntamiento ofrece un punto de contraste. En el informe de pasivos laborales correspondiente al periodo del 1 de abril al 30 de junio de 2026, revisado por AD Noticias, solamente 12 registros aparecían expresamente en ejecución, por un monto aproximado de 5.1 millones de pesos.

Ese es el importe identificado en ejecución dentro del registro laboral revisado; no los 97.06 millones solicitados por el Ayuntamiento para el conjunto de juicios. El resto de los asuntos laborales se encontraba en distintas etapas, entre ellas pruebas, dictamen, amparo o contestación de demanda.

Las cifras tienen alcances distintos: los 5.1 millones corresponden a registros laborales en ejecución al cierre de junio, mientras que la ampliación de octubre contempla diversos tipos de litigios y previsiones. Por ello, la información pública no permite concluir que los 97 millones sean una cuenta que deba liquidarse de inmediato, ni que los 5.1 millones representen todas las obligaciones judiciales actuales del municipio.

El Ayuntamiento incorporó una previsión de 97 millones de pesos para juicios. / Foto: ArchivoAD

La ampliación para juicios constituye una previsión presupuestaria y no autoriza, por sí misma, pagar la totalidad de los 97.06 millones. Tampoco supone que el municipio abandone su defensa en los procedimientos. El punto que debe explicarse es qué obligaciones y riesgos concretos justifican reservar esa cantidad.

Precisamente esa diferencia requería una explicación ante el Cabildo. La administración debía aclarar qué expedientes justifican el total solicitado, cuáles cambiaron de situación desde el último reporte y qué cantidades se reservan para riesgos futuros.

Una reclamación todavía en trámite y un pago exigible no representan lo mismo para las finanzas municipales . Reservar dinero para una eventual resolución puede ser necesario, pero la previsión debe acompañarse de una explicación sobre el riesgo, el cálculo y el momento en que podría requerirse el recurso.

Un aumento que necesita explicar su financiamiento

La autorización presupuestaria tampoco significa que 250 millones de pesos adicionales hayan ingresado a las cuentas municipales. Ampliar el presupuesto permite incorporar montos a la programación de ingresos y gastos; para entender su efecto real hace falta saber qué operaciones producirán dinero y cuáles corresponden a registros sin movimiento de efectivo.

La distinción es especialmente relevante en los 142.99 millones destinados a subsidios y beneficios fiscales, el componente más grande del ajuste. Un descuento a un contribuyente no equivale al mismo importe depositado en la tesorería: reduce lo que debe pagar. Presentar esa cantidad junto con recursos para juicios y obligaciones fiscales exige explicar qué representa cada concepto.

Para los juicios y las obligaciones fiscales, que juntos suman 107.25 millones de pesos, el ingreso se ubica en el rubro de “otros ingresos varios”. Esa clasificación señala dónde se registrarán los recursos, pero no explica por sí sola qué operaciones los generarán, cuándo se recibirán y cuánto está disponible.

Durante la aprobación no hubo una exposición clara que permitiera a la ciudadanía seguir esa diferencia, conocer la fuente concreta del financiamiento y distinguir los pagos inmediatos de las previsiones.

La propuesta presupuestaria fue presentada por el presidente municipal Fernando Flores Fernández. / Foto:ArchivoAD

La planeación que quedó sin explicar

Otra cuestión pendiente es por qué las necesidades incorporadas en octubre no se contemplaron desde la elaboración del presupuesto, o qué hechos posteriores modificaron las estimaciones iniciales.

Un gobierno puede ajustar sus cuentas durante el año. Lo que debe explicar es si enfrenta obligaciones nuevas, actualizaciones de cantidades ya conocidas o gastos que no previó oportunamente. Sin esa información resulta difícil evaluar si la ampliación responde a una necesidad sobrevenida o a una planeación insuficiente.

Los regidores que votaron a favor asumieron la responsabilidad de respaldar el aumento. Su voto no sustituye la explicación que el gobierno municipal debe a los habitantes de Metepec: cuánto necesita, por qué lo necesita y de dónde obtendrá el dinero.

Para una familia, escribir un ingreso en una libreta no hace que el dinero llegue a su bolsillo. En el Ayuntamiento ocurre lo mismo: aprobar una cifra no demuestra que los recursos estén disponibles ni que su destino esté suficientemente justificado. La mayoría ya levantó la mano; las cuentas todavía deben explicarse.

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