TSJ declaró constitucional el proyecto de reforma parcial de la Ley contra el Odio

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la conformidad constitucional del proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, presentado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para que la Asamblea Nacional continúe su discusión y aprobación.

La decisión, identificada con el número 1034 y correspondiente al expediente 26-1387, responde a la iniciativa que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, remitió al máximo tribunal el 13 de octubre, junto con su exposición de motivos. El fallo establece que el proceso legislativo debe continuar ante la Asamblea Nacional.

Captura de la sentencia del TSJ

Delcy Rodríguez reconoció que la ley fue “mal aplicada”

La presidenta encargada solicitó el pasado 29 de septiembre una reforma parcial de la legislación, aprobada el 8 de noviembre de 2017 por la entonces Asamblea Nacional Constituyente. Rodríguez planteó avanzar en la despenalización de algunas conductas previstas en la norma y corregir las desviaciones que se hayan producido durante su aplicación.

Ese mismo día, la mandataria reconoció que la ley había sido utilizada de forma abusiva . “Lamentablemente fue mal aplicada, se hizo un uso abusivo de esa ley”, afirmó durante un acto con caficultores en el estado Portuguesa.

Tras el anuncio, Jorge Rodríguez informó sobre la creación de una comisión especial de 11 diputados para elaborar el proyecto de reforma . El grupo quedó instalado el 5 de octubre, bajo la presidencia del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante.

Durante la instalación, Infante adelantó que la revisión contemplaría la despenalización de determinadas conductas y cambios en las definiciones de la norma para procurar lo que describió como una aplicación adecuada. También planteó modificar su denominación a Ley para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Organizaciones cuestionan las sanciones de la ley

La Ley contra el Odio contempla penas de prisión de entre 10 y 20 años para determinadas conductas relacionadas con la promoción o incitación al odio, la discriminación o la violencia. También establece sanciones que pueden afectar a medios de comunicación.

El Foro Penal informó el 30 de septiembre que al menos 927 personas habían sido acusadas de incitación al odio en Venezuela desde la aprobación de la legislación en 2017. De acuerdo con las cifras difundidas por la organización, seis de ellas permanecían detenidas y otras 638 tenían medidas restrictivas de libertad. El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, señaló que en la mayoría de los casos la imputación por incitación al odio estuvo relacionada con otros delitos, como terrorismo y asociación.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) han pedido derogar la norma, al considerar que representa una amenaza para la libertad de expresión. El SNTP advirtió que eliminar las penas de prisión no sería suficiente si se mantienen disposiciones que permiten bloquear portales, retirar contenidos o revocar concesiones a emisoras.

Por su parte, el coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), Carlos Trapani, informó el 5 de octubre que al menos 118 adolescentes fueron imputados entre 2024 y 2025 por delitos previstos en esta legislación. El activista pidió que los derechos de los menores también sean considerados en el proceso de reforma.

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