No es humor, es violencia

En Colombia parece que todavía hay quienes creen que humillar a una mujer es una forma de hacer humor. Que burlarse de su cuerpo, ridiculizar su apariencia o compararla con un animal es válido cuando existen diferencias políticas. Esta vez fue la primera dama, Ana Lucía Pineda, quien recibió los insultos del caricaturista Julio César González, conocido como Matador. La llamó “ratita” y “pati raquítica” mientras cuestionaba el destino de unas ayudas para los damnificados por el terremoto. Una pregunta que podía formularse legítimamente terminó convertida en una descalificación personal. Y ahí está precisamente el problema: ¿por qué para cuestionar a una mujer algunos hombres necesitan humillarla?

La controversia ya llegó a la Fiscalía General de la Nación. Dos ciudadanos presentaron una denuncia penal contra Matador por presuntos delitos de injuria, calumnia y hostigamiento agravado. Paralelamente, ministros y altos funcionarios del Gobierno solicitaron que se examine si sus expresiones constituyen alguna conducta sancionable. Será la justicia la encargada de determinar si existe mérito para iniciar una investigación y si hubo alguna infracción penal. Porque una cosa es el rechazo social que merecen estas palabras y otra, muy distinta, establecer una responsabilidad judicial. Pero más allá de los expedientes, este episodio nos obliga a discutir una violencia que hemos normalizado durante demasiado tiempo.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, fue contundente al afirmar que Matador se había convertido en una caricatura del hombre machista. Y es que la violencia contra las mujeres no comienza necesariamente con un golpe. También se manifiesta en las palabras que buscan avergonzarnos, en las burlas sobre nuestros cuerpos, en los comentarios que pretenden hacernos sentir inferiores y en esa costumbre de reducir nuestro valor a la apariencia física. Colombia tiene una deuda enorme con las mujeres que todos los días enfrentan estas formas de agresión en sus hogares, trabajos, universidades, espacios políticos y redes sociales.

Lo más preocupante es la facilidad con la que algunos justifican estas conductas dependiendo de quién sea la víctima o de quién provenga el insulto. Si la mujer pertenece al sector político, exigimos respeto. Si piensa diferente, guardamos silencio o celebramos la ofensa. Esa doble moral también alimenta la violencia de género. La dignidad de una mujer no puede depender del partido político de su esposo, de sus opiniones o del cargo que ocupe.

La libertad de expresión es uno de los pilares de nuestra democracia y debe protegerse, especialmente cuando se trata de periodistas, caricaturistas y voces críticas del poder. Pero defender ese derecho no significa que todas las expresiones deban quedar libres de cuestionamiento público. La Ley 1257 de 2008 reconoce distintas formas de violencia contra las mujeres, incluida la psicológica. Eso no convierte automáticamente cualquier insulto en un delito, pero sí nos recuerda que el maltrato no se limita a las agresiones físicas. Podemos cuestionar, investigar, denunciar y exigir rendición de cuentas sin utilizar el cuerpo o la condición de mujer como instrumentos de desprecio.

También deberíamos preguntarnos qué mensaje estamos enviando a nuestras niñas cuando un hombre con reconocimiento público utiliza sus redes sociales para ridiculizar a una mujer. ¿Les estamos enseñando que deben soportar humillaciones si algún día deciden participar en política, dirigir una empresa, ejercer el periodismo o asumir posiciones de liderazgo? ¿Que su inteligencia, preparación y trabajo siempre podrán quedar relegados por una burla sobre sus piernas, su rostro o su cuerpo? Ninguna niña debería crecer creyendo que el precio de tener una voz propia es aceptar el maltrato.

Este caso no debería terminar reducido a una pelea política ni a una discusión pasajera en redes sociales. Debería servir para entender que el respeto hacia las mujeres no admite excepciones ideológicas.