Responsabilidad fiscal debe ser una guía constante del Gobierno nacional

Colombia enfrenta una prueba de fuego por la profunda crisis fiscal que ahorca las maniobras sociales y económicas, las cuales exigen decisiones firmes, no una retórica basada sólo en buenas intenciones.

La presión sobre el costo de vida, las dificultades de sectores esenciales y el deterioro de las cuentas públicas reducen el espacio de maniobra del Gobierno nacional cuyo reto es demostrar que los compromisos del Ejecutivo caben dentro de los recursos disponibles.

La crisis fiscal no apareció de un día para otro. Es resultado de desequilibrios acumulados que afectan áreas esenciales. El sistema de salud requiere cerca de diez billones de pesos para evitar una catástrofe mayor, aunque está en cuidados intensivos.

En energía eléctrica, la situación financiera y administrativa de Afinia y Air-e exige decisiones oportunas. No basta con anunciar reformas ni emprender la cura con electrochoques a empresas que están bajo un enorme pero ignorado cortocircuito.

Las cuentas ofrecen una señal difícil de ignorar. El país recibe alrededor de 29 billones de pesos al mes y gasta 41 billones. Esa brecha no se corrige con discursos ni actos simbólicos contra la corrupción.

Obliga a revisar prioridades, contener gastos y ajustar programas a la capacidad real del Estado. Cualquier estrategia que omita esa realidad aplaza decisiones necesarias y aumenta el costo de asumirlas después.

El Gobierno aún dispone de herramientas, pero ninguna es gratuita. Una eventual negociación con el Fondo Monetario Internacional, FMI, podría facilitar financiación externa, aunque impondría compromisos de ajuste y requeriría respaldo del Congreso.

La recompra y sustitución de deuda han aliviado necesidades inmediatas de caja, pero pueden elevar las tasas de interés futuras. En salud, los recursos disponibles para medicamentos y servicios especializados de la población vulnerable ofrecen paliativos, pero no una solución definitiva.

Lo inquietante es la falta de disciplina en buena parte del gabinete. Mientras algunos despachos responden a la urgencia fiscal, otros mantienen anuncios, discursos y giras que alimentan expectativas sin garantía de cumplimiento.

Los diálogos regionales para el próximo Plan de Desarrollo, como la junta realizada este martes en Cúcuta con Santander y Norte de Santander, no deben ser una competencia por sumar peticiones, deben explicar los límites presupuestales y convocar a las regiones a definir prioridades, compartir esfuerzos y aceptar decisiones difíciles.

La responsabilidad fiscal debe guiar toda decisión pública porque la estabilidad del país dependerá de que el Gobierno reconozca la distancia entre la urgencia social y el tiempo que requieren los ajustes económicos, porque han pasado sesenta y nueve días desde que Abelardo de la Espriella asumió el poder y aún no hay un esquema de Gobierno ordenado y una ruta definida para administrar el país.

Los colombianos necesitamos respuestas y cuentas claras. Gobernar no es prometerlo todo, sino distinguir lo inaplazable, financiarlo responsablemente y renunciar a lo insostenible. Sin esa honestidad, la presión fiscal dominará la agenda política y debilitará cualquier proyecto electoral que pretenda defenderla.