«La reinstitucionalización debe comenzar por el TSJ»

Pablo Pérez, diputado a la Asamblea Nacional (AN) y vicepresidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales, aseguró que Venezuela atraviesa una nueva etapa política, económica e institucional, en la que considera fundamental avanzar hacia la recuperación de la confianza ciudadana en los poderes públicos, especialmente en el sistema de justicia.

Pablo Pérez, diputado y vicepresidente de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Judiciales,

En conversación con elsiglo, el parlamentario abordó el panorama político nacional, las recientes reformas legislativas y el proceso de conformación del Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de participar en el procedimiento de selección de los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Pérez consideró que, después del 3 de enero, se han generado nuevas expectativas sobre el futuro del país, con decisiones políticas y económicas que, a su juicio, pueden contribuir a transformar el funcionamiento del Estado y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

«Se está abriendo una nueva etapa en el país, una etapa con muchas expectativas, con mucha esperanza», expresó, al referirse al escenario nacional y a las posibilidades de avanzar hacia cambios en diferentes ámbitos de la vida pública.

El diputado destacó que desde la Asamblea Nacional se han discutido instrumentos legales relacionados con los hidrocarburos, la minería, el café y la electricidad, además de la Ley de Amnistía, iniciativas que vinculó con una reorientación económica y política.

A su juicio, estas reformas reflejan la necesidad de reconocer la participación del sector privado en áreas estratégicas. «Es el reconocimiento que el Estado no es empresario, que tiene que haber una participación privada en los diferentes sectores», manifestó.

Sobre la Ley de Amnistía, Pérez señaló que, pese a las críticas recibidas, más de 1.000 venezolanos se han beneficiado de su aplicación. Sin embargo, advirtió que todavía existen personas detenidas por razones políticas y ciudadanos afectados por el retardo judicial, situaciones por las que aseguró que su sector parlamentario continúa trabajando.

REFORMA ELÉCTRICA Y CALIDAD DE VIDA

El parlamentario también resaltó la importancia de la Ley del Servicio Eléctrico, que, según indicó, había avanzado en primera discusión y esperaba que continuara su trámite legislativo. Consideró que la participación privada en las fases de generación, transmisión y comercialización podría contribuir a mejorar el sistema eléctrico nacional.

«Es necesario no solamente por un tema de desarrollo económico, es de la calidad de vida de los venezolanos. La recuperación de los servicios públicos debe formar parte de las prioridades nacionales», afirmó.

Pérez sostuvo que el crecimiento económico requiere instituciones sólidas y un sistema judicial capaz de ofrecer garantías a quienes invierten en el país, pero también a los ciudadanos que necesitan acudir a los tribunales para resolver conflictos personales, familiares o administrativos.

EL TSJ COMO PUNTO DE PARTIDA

Al abordar el proceso de renovación judicial, el diputado sostuvo que la recuperación de la institucionalidad debe comenzar por el Tribunal Supremo de Justicia, debido a la influencia que ejerce sobre el funcionamiento del sistema judicial venezolano.

«Estamos convencidos que ese debe ser el punto de partida. Es importante avanzar en la selección de nuevos magistrados y establecer mecanismos que permitan recuperar la confianza de la población en las instituciones», expresó.

Pérez recordó que el procedimiento había comenzado meses atrás, pero tuvo que ser retomado después de las interrupciones que atribuyó a los acontecimientos que describió como los dos terremotos y al proceso de negociación. Indicó que actualmente se desarrolla la fase de conformación del comité definitivo.

Según explicó, la comisión preliminar culminó las entrevistas de los ciudadanos interesados en integrar la representación de la sociedad civil. Precisó que se recibieron 127 postulaciones para seleccionar a 12 representantes, quienes se incorporarán a los 11 diputados de la comisión preliminar para conformar un comité de 23 integrantes.

PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

El legislador explicó que la integración del comité contempla una representación de la sociedad civil superior en número a la parlamentaria, como resultado de la reforma de la legislación que regula el TSJ. También señaló que deben garantizarse la paridad de género y la participación de poblaciones vulnerables.

Entre los aspirantes mencionó a académicos, médicos, periodistas, trabajadores sociales, representantes religiosos y profesionales del derecho. Asimismo, citó al doctor Guillermo Tell Aveledo, decano de la Universidad Metropolitana, entre quienes presentó su candidatura.

Pérez consideró que la diversidad de perfiles permitirá incorporar distintas perspectivas sobre la administración de justicia. «De la sociedad civil vemos que se postularon médicos, periodistas, trabajadores sociales, un pastor evangélico, esa es la sociedad civil», explicó al defender una participación que trascienda el ámbito jurídico.

El vicepresidente del comité manifestó que su fracción, el Grupo Parlamentario Libertad, está dispuesta a trabajar conjuntamente con los demás integrantes para garantizar la transparencia del proceso. Aseguró que la revisión de las credenciales debe ser rigurosa y estar orientada a obtener resultados que respondan a las expectativas ciudadanas.

«Mientras más personas verifiquen, mientras más revisen el tema de las credenciales, muchísimo mejor para el resultado. Propondremos discutir el funcionamiento del comité de verificación de credenciales y los mecanismos para evaluar a los aspirantes», afirmó.

Pérez destacó que la formación profesional es indispensable para ejercer una magistratura, pero sostuvo que la ética debe tener un peso determinante en la selección de los nuevos integrantes del máximo tribunal.

El diputado señaló que, durante las entrevistas realizadas, entre 85% y 90% de los aspirantes consultados mencionaron la ética como una de las principales cualidades que debe reunir un magistrado. «Lo primero, aparte de lo académico, lo ético», recordó que respondieron varios de los entrevistados.

A su juicio, quienes aspiren a ocupar estos cargos deben demostrar integridad, responsabilidad y una conducta compatible con las exigencias de la función judicial. Aclaró que esto no supone una intromisión arbitraria en la vida privada, sino la evaluación de comportamientos que puedan comprometer la idoneidad para ejercer una responsabilidad pública.

El parlamentario insistió en que los magistrados deben actuar con independencia y evitar que sus decisiones respondan a intereses particulares o presiones políticas. Consideró que un sistema de justicia confiable es indispensable para el desarrollo democrático, económico e institucional del país.

POSTULACIONES E IMPUGNACIONES

El diputado explicó que, una vez instalado el Comité de Postulaciones Judiciales, sus integrantes deberán aprobar el cronograma de trabajo y definir los lapsos para recibir las candidaturas a magistrados, que podrían ubicarse entre 15 y 30 días.

Posteriormente, se publicará la lista de postulados y se abrirá un período para presentar impugnaciones. Pérez destacó que este mecanismo permitirá a los ciudadanos aportar elementos sobre posibles irregularidades o circunstancias que pongan en duda la idoneidad de algún aspirante.

Como ejemplo, mencionó situaciones relacionadas con incumplimientos de obligaciones, conductas violentas u otros comportamientos que puedan comprometer el perfil de un candidato. No obstante, subrayó que las objeciones deben contar con fundamentos y que las personas señaladas tendrán derecho a presentar sus descargos.

El parlamentario insistió en que la participación ciudadana no debe limitarse a la integración del comité, sino extenderse a las distintas etapas del procedimiento. A su juicio, la publicidad de las actuaciones será determinante para que la población pueda conocer y evaluar cómo se desarrolla la selección.

ENTREVISTAS PARA EVALUAR A LOS ASPIRANTES

Pérez señaló que las entrevistas deben ir más allá de los conocimientos jurídicos y permitir evaluar el criterio, el equilibrio y la capacidad de los candidatos para manejar situaciones complejas.

«Un magistrado tiene que tener control de las emociones. Estos funcionarios deben resolver controversias entre particulares y casos en los que el Estado sea parte, por lo que necesitan actuar con serenidad y autonomía frente a las presiones», afirmó.

El diputado también cuestionó que la escogencia de magistrados responda a acuerdos partidistas o compromisos con determinados grupos. «No deben ser cuotas partidistas, la selección debe estar sustentada en los méritos, la ética y la capacidad profesional», enfatizó.

CONCURSOS PARA GARANTIZAR INDEPENDENCIA

Pérez sostuvo que la renovación del TSJ debe complementarse con cambios en otras instancias del sistema judicial, entre ellas la Inspectoría de Tribunales y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. Consideró que también es necesario fortalecer los mecanismos para investigar denuncias contra funcionarios judiciales.

En este contexto, advirtió sobre la situación de provisionalidad de los jueces y aseguró que, según la información que maneja, más de 90% se encuentra bajo esa condición. A su juicio, esta situación puede afectar la independencia de quienes deben tomar decisiones sin depender de intereses externos.

Por ello, defendió la realización de concursos de oposición para cubrir los cargos judiciales y garantizar estabilidad a los funcionarios seleccionados por sus méritos. «Desde hace más de 20 años que no hacen un concurso de oposición aquí en el país. Estos procedimientos deben reactivarse para fortalecer la autonomía judicial», afirmó.

Finalmente, Pérez calificó su participación en el Comité de Postulaciones Judiciales como un compromiso personal, profesional y parlamentario. Recordó su experiencia en el Poder Judicial y en la directiva del Colegio de Abogados del estado Zulia, donde ejerció como vicepresidente, y aseguró que procurará contribuir a la selección de magistrados independientes y éticos.

El diputado reiteró que la meta debe ser construir un sistema judicial en el que los ciudadanos puedan confiar y que responda a las necesidades de la población. Para ello, consideró indispensable combinar transparencia en la selección, participación ciudadana, evaluación rigurosa de los aspirantes y mecanismos que permitan fortalecer la estabilidad de los jueces.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

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