El derecho de saber

En el espíritu garantista de la Constitución Política de la República, el derecho de acceso a la información está plenamente garantizado. De tal suerte que la institucionalidad pública está obligada a darle cumplimiento y no ocultar los hechos ante la sociedad.

En tal sentido, es menester que tras casi tres semanas de la masacre en el municipio de Huité, Zacapa se demande conocer la totalidad de la información de lo acontecido. Esto es, no solo qué pasó realmente o quiénes tuvieron acción directa en los hechos sino, sobre todo, quién o quiénes podrían estar moviendo los hilos y cuáles son sus intenciones.

El final de la tarde del domingo 27 de septiembre sorprendió a la población de Huité, con la llegada de un grupo de cuatro o cinco vehículos, con hombres armados, que vestían uniformes similares a las fuerzas de seguridad. La incursión del grupo derivó en la masacre de ocho personas, de la población civil desarmada. Entre ellas, una menor de edad.

La información publicada en medios de prensa es limitada, incluso contradictoria o confusa. Situación que se corresponde con la actuación de las autoridades quienes también han dado información por lo menos confusa cuando no imprecisa, o en el peor de los casos, falsa. Tal el caso de la vocería del ejército que en primera instancia negó la actuación de fuerzas castrenses, versión luego desmentida por el propio comandante general del ejército y el presidente de la república. Finalmente, el estamento militar aceptó que sus efectivos en el lugar dispararon al supuestamente enfrentarse con hombres armados.

Es menester que las autoridades de la presidencia den respuestas claras que esclarezcan los hechos ante la opinión pública.

La Policía Nacional Civil (PNC) también atribuye la balacera a intentos de estructuras de crimen organizado para desestabilizar el área. Ante el requerimiento del Congreso de la República, el director de la PNC aseveró que al inicio solamente llegaron dos agentes de policía —los únicos en la delegación policial— a verificar la alerta de disparos en la zona. Estos agentes indicaron haber pedido refuerzos luego de que la persona con la que se entrevistaron informó ser militar y estar en un operativo de la institución.

Como resultado de la investigación —presuntamente realizada por una comisión también militar—, el gobernante entregó el informe respectivo al Ministerio Público (MP). Asimismo, afirmó que el ejército puso a disposición de la fiscalía a 107 efectivos militares que habrían participado en la atención a la alerta de disparos. Sin embargo, no proporcionó detalles de los hallazgos ni indicó las razones de por qué no se precisó, por ejemplo, si a los agentes de la PNC se les presentaron fotografías de los oficiales de la brigada cercana para que pudieran identificar o descartar a quien habría afirmado que se encontraban en un operativo militar.

Llama la atención que quien haya interpuesto la denuncia penal sea el coronel retirado Miguel Estuardo Barrios Martínez , quien en 2025 sufrió baja por haber incurrido en actos indecorosos o deshonestos contra un oficial. Sanción derivada de haber interpuesto solicitud de antejuicio contra el ministro de la defensa, general Henry David Sáenz Ramos, actualmente en el cargo.

Barrios Martínez, presentó dicha denuncia en conjunto con la Fundación Contra el Terrorismo y su abogado y excompañero de armas Aarón Kadoch Juárez. Antes de ser dado de baja, Barrios Martínez fue d irector de inteligencia militar y director financiero del Centro Médico Militar en su administración se reportó la compra sobrevalorada de medicamentos. Kadoch Juárez fue asesor legal de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) entre 2018 y 2024. Actualmente funge como asesor legal del Tribunal Supremo Electoral.

Entre la nebulosa de las informaciones oficiales que llegan a cuenta gotas y enturbiadas, la participación de militares sancionados o con intereses poco claros y vinculados a estructuras como la propia inteligencia militar, la verdad se encuentra prisionera. Es menester que las autoridades de la presidencia den respuestas claras que esclarezcan los hechos ante la opinión pública. El MP, por su parte, está obligado a esclarecer lo sucedido y proceder con la individualización de todas las responsabilidades. El derecho de saber es supremo y ningún individuo puede negarlo a la sociedad.