Rodrigo Paz cuestiona al Defensor del Pueblo por su actuación y rechaza los bloqueos anunciados por el evismo

El presidente Rodrigo Paz cuestionó al Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por su actuación durante el anterior Gobierno y le pidió respaldar la aplicación de las leyes para proteger a la población frente a las amenazas de movilización y bloqueo de carreteras.

“Una advertencia al Defensor del Pueblo electo en el pasado: nunca lo vi hablar en el pasado, nunca. Ahora habla. Bien por él, bien por el cumplimiento con la Constitución y el Estado, pero también que ayude a las normas y a las leyes, a proteger a los hombres y mujeres de bien que quieren salir adelante, que quieren trabajar ”, manifestó el mandatario en Santa Cruz.

Paz hizo referencia a la elección de Callisaya durante la anterior gestión gubernamental, cuando el Movimiento Al Socialismo (MAS) tenía mayoría en la Asamblea Legislativa, instancia que participó en la designación del Defensor del Pueblo.

El presidente sostuvo que las diferencias políticas y sociales deben resolverse mediante el diálogo y la concertación, y cuestionó las medidas de presión que, en su criterio, perjudican a quienes buscan trabajar y desarrollar sus actividades con normalidad.

En ese sentido, rechazó las protestas que derivan en enfrentamientos, daños materiales o interrupciones de la circulación, y advirtió sobre las consecuencias de los bloqueos para la población.

Las declaraciones se producen después de que sectores vinculados al expresidente Evo Morales anunciaran movilizaciones a partir del martes 13 de octubre, en rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

Ante ese escenario, Paz reconoció el derecho de la ciudadanía a expresar sus demandas, pero marcó una diferencia entre la protesta y el bloqueo de vías.

“Si alguien quiere movilizarse tiene todo el derecho a la protesta, a levantar la voz, pero lo que no tiene es el derecho a bloquear, porque eso le hace daño a la gente”, afirmó.

El pronunciamiento del mandatario coloca nuevamente en el centro del debate el papel de las instituciones defensoras de derechos humanos frente a los conflictos sociales, así como los límites entre el derecho a la protesta y las medidas que afectan la circulación y las actividades económicas.