Claudia Ortiz advierte: «Se cede un recurso estratégico sin exigencias ni transparencia”

Durante la discusión de las reformas a la Ley Especial de Exoneración de Pago del Precio Base y Tasa Anual Generada por la Concesión para la Explotación de Frecuencias del Espectro Radioeléctrico para Comunicaciones Satelitales, la diputada Claudia Ortiz (VAMOS) presentó un análisis crítico sobre la arquitectura regulatoria aprobada por el pleno.

Ortiz enfatizó que el espectro radioeléctrico es un bien público de carácter estratégico que pertenece al Estado y que la concesión a privados para su explotación comercial requiere, por norma general, una contraprestación económica fija y anual.

Recordó que la normativa original aprobada en 2022 otorgó un perdón fiscal de 10 años para comunicaciones satelitales fijas, y que la nueva modificación extiende esta exención a los servicios vinculados directamente a dispositivos móviles.

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La legisladora denunció que, durante el estudio (en la Comisión) del dictamen aprobado hoy en la Asamblea Legislativa, los representantes del Ministerio de Hacienda y de las carteras del Ejecutivo omitieron responder preguntas financieras fundamentales:

«Preguntamos que si tenemos una ley que exonera de estos pagos desde 2022, no nos respondieron cuántas son las empresas concesionarias ni a cuánto asciende lo que el Estado ha dejado de percibir por dar este beneficio. Es muy importante saberlo porque no podemos poner en una balanza lo que el Estado deja de ingresar versus resultados que ni siquiera están cuantificados», recriminó Ortiz desde su curul.

Sin obligaciones de cobertura rural ni rebajas para los consumidores

A juicio de la representante del partido VAMOS, el diseño regulatorio de la ley aprobada por el oficialismo presenta deficiencias técnicas graves, ya que no establece garantías reales de que el «sacrificio económico» del Estado se traduzca en una mejora sustancial para la ciudadanía.

Ortiz detalló que el texto aprobado no impone obligaciones explícitas a las corporaciones privadas para expandir su infraestructura en comunidades de escasos recursos ni exige trasladar el ahorro fiscal a la tarifa final que pagan los usuarios.

«Encontramos problemático que esta reforma no introduce la obligación expresamente de ampliar la cobertura o de atender ciertas comunidades prioritarias, o incluso de trasladar el ahorro de la exoneración de los pagos a los consumidores. ¿Cómo se verifica que este sacrificio económico se traduce efectivamente en beneficios a la población?», cuestionó la parlamentaria.

Soberanía digital y el monopolio de las corporaciones transnacionales

Uno de los puntos más analíticos expuestos por la diputada de la Asamblea giró en torno al riesgo geopolítico y tecnológico de delegar servicios estratégicos a empresas multinacionales que operan al margen de las leyes nacionales.

Ortiz destacó que, bajo las condiciones actuales del mercado global, la reforma beneficia de facto a un único proveedor con capacidad instalada para internet satelital directo a móviles: la empresa Starlink.

En su intervención, la legisladora comparó la situación con acuerdos previos, como el contrato de $500 millones firmado con Google para servicios en la nube, y advirtió sobre la pérdida de autonomía nacional:

«Hoy por hoy, los estados tienen que tener mucho cuidado en poner en manos de empresas tecnológicas como Starlink o Google un poder tan grande que podrían llegar a tener más poder que el propio Estado (…) Hay aspectos de la soberanía que son trascendentales. La conectividad a internet de nuestras escuelas o unidades de salud no debería dejarse plenamente en manos de privados, sino comenzar a trabajar en herramientas nacionales y soberanas para no depender de entidades extranjeras que ni siquiera se rigen bajo las leyes salvadoreñas», sostuvo Ortiz, al tiempo que recordó la promesa incumplida de lanzar el satélite Cuscatlán.

La parlamentaria instó a El Salvador a avanzar hacia conceptos de «nube soberana» e infraestructura propia para resguardar la seguridad de los datos de la ciudadanía frente a posiciones dominantes de mercado.

Oficialismo defiende la medida para eliminar «barreras económicas»

Frente al abanico de críticas expuesto por Ortiz, la bancada de Nuevas Ideas cerró filas para respaldar el proyecto, argumentando que la eliminación de tasas es la vía más ágil para llevar tecnología a sectores aislados.

La diputada Dania González (Nuevas Ideas) justificó la exención tributaria asegurando que permitirá masificar el acceso a la red sin costo de infraestructura para el Estado:

«Esta reforma nos va a permitir impulsar la expansión del internet satelital en todo nuestro país, especialmente en esas zonas rurales y comunidades donde las redes tradicionales hoy en día no tienen cobertura. Estamos eliminando cualquier barrera económica para facilitar nuevas inversiones en conectividad y abrir paso a tecnologías innovadoras», argumentó González.

La diputada añadió que la reforma complementa otras apuestas como los estudios para la conexión de un cable submarino y las metas derivadas del Censo Poblacional 2024, el cual reflejó que el 79.8 % de la población hace uso de la red. Pese a las advertencias sobre la falta de métricas y la cesión de recursos públicos planteadas por Ortiz, el dictamen fue aprobado con 57 votos del bloque oficialista y sus aliados.

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