En la órbita de MAGA

Luiz Inácio Lula da Silva tiene pocas posibilidades de ganarle la presidencia de Brasil a su oponente, el ultraderechista Flavio Bolsonaro; lo más probable es que la economía más grande de América Latina se sume a la órbita del movimiento «MAGA» para contribuir a que Estados Unidos “vuelva a ser grande”.

La probable derrota de Lula aporta lecciones importantes para el gobierno de México; a pesar de los aumentos reales en ingresos y de un bajo desempleo entre la clase media baja, en la primera vuelta electoral ese sector favoreció a Bolsonaro con el 54% de los votos, frente al 37% de Lula.

Y es que el presidente no logró conectar su campaña con las clases medias, sensibles a los escándalos de corrupción, a la inseguridad pública y, por supuesto, a su economía familiar, afectada por el alza de precios y de tasas de interés debidas a un gasto público excesivo, lo que encareció los créditos al consumo y la deuda de los hogares.

Frente a las circunstancias económico-familiares, Lula entabló una contienda en defensa de la soberanía de Brasil frente a la política exterior de Washington; a pesar de su relevancia, el tema no le interesó mayormente al electorado; Lula también elevó sus críticas a los críticos de su gobierno.

Brasil sería —en lo que va del segundo mandato de Trump— la octava elección presidencial en América Latina en la que gana un candidato afín a la doctrina «Donroe». Washington hará todo lo que esté a su alcance para que el gobierno de México no sea una excepción.

La doctrina «Donroe» especifica claramente el papel de América Latina en la «Estrategia de Seguridad de Estados Unidos», publicada en noviembre de 2025.

La sección dedicada a nuestro hemisferio en esa estrategia se titula Western Hemisphere: The Trump Corollary to the Monroe Doctrine; inevitable recordar los términos en los que las metrópolis europeas mantenían subordinadas a sus colonias.

La “estrategia” no se refiere a la región como una a la que Estados Unidos le propone cooperar, sino como un espacio geopolítico en el que considera necesario —por su seguridad nacional— tener primacía económica, militar y geopolítica.

El propósito declarado es restablecer la preeminencia estadounidense en América Latina y, para conseguirlo, con la fuerza para someter los intereses hemisféricos a los estadounidenses, el 7 de marzo pasado Trump proclamó una coalición hemisférica de 17 países, a la que denominó “Escudo de las Américas”.

Originalmente, se presentó como una coalición para luchar contra el crimen organizado, coordinando fuerzas armadas, agencias de inteligencia y cuerpos policiales de los asociados. En el mismo acto de marzo pasado, Trump aseguró que el epicentro de las actividades transnacionales del narcotráfico está en México.

Pero además de combatir a los cárteles y, eventualmente, permitir operaciones militares estadounidenses en territorios ajenos, el 22 de septiembre pasado se agregaron compromisos que abarcan economía (inversiones, minerales críticos, cadenas de suministros) y restricciones a las relaciones con otras potencias (China).

Con ese marco, Washington va entablando acuerdos bilaterales en torno a sus intereses en seguridad, migración, financieros y mercantiles, cuyos términos no son mecánicamente aplicables, sino que deben ser sancionados por los poderes legislativo y judicial y ciudadanos de cada país.

Se equivocan quienes piensan en México que nuestro país está rebasado por sus problemas y que se resolverán cooperando sin remilgos y aceptando la intervención de Washington.

Quienes así piensan en organizaciones partidistas y de otra índole social, pueden visualizar lo que ha implicado la filiación a MAGA y el «Escudo de las Américas» para países como Argentina, Colombia, Ecuador u Honduras.

Para cumplimentar su filiación a MAGA y acomodarse a las prioridades de Washington, los gobiernos de esos países han hecho modificaciones, ya sea a sus constituciones o en sus leyes, reglamentos y acuerdos internacionales.

Le apuestan a una integración subordinada a Estados Unidos que implica quedarse sin margen para establecer planes, programas, estrategias y regulaciones conforme a las condiciones, circunstancias o exigencias nacionales.

En Argentina, por ejemplo, en febrero de 2026 se formalizó un acuerdo de comercio e inversión «recíprocos» que empareja las reglas argentinas a las exigencias comerciales y estratégicas estadounidenses. Las regulaciones modificadas facilitan el acceso de productos estadounidenses, específicamente productos agropecuarios en los que Argentina es una potencia, además de medicamentos, maquinaria y vehículos.

El punto geopolítico significativo es el acuerdo económico que prevé el establecimiento de controles de exportación (origen de componentes), seguridad de las inversiones y medidas frente a “prácticas comerciales de terceros países” que afectan la contratación con proveedores vinculados a China.

No es que el comercio general de Argentina con China esté prohibido, sino sólo aquellos rubros (infraestructura, tecnología) que entren en conflicto con las condiciones acordadas con Estados Unidos.

En Ecuador, en junio de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional para posibilitar el establecimiento de bases militares estadounidenses en su territorio. La reforma fue sometida a consulta popular, la misma que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, y fue rechazada.

Si el propósito imperialista de Estados Unidos es absolutamente transparente, como también es cierto que el grado de subordinación que logre en cada país depende de los gobiernos, de los congresos, del orden judicial y, eventualmente, de los pueblos.