Acuerdan impulsar una ley de coparticipación tributaria

El Gobierno nacional y los gobernadores del país acordaron impulsar cambios en tres leyes con el objetivo de ampliar los recursos económicos de las regiones, en el marco de las negociaciones sobre la distribución de los ingresos públicos y el fortalecimiento de la autonomía departamental.
Uno de los principales puntos del acuerdo es la elaboración de una ley de coparticipación tributaria, que se prevé presentar en noviembre y que busca avanzar hacia el esquema denominado 50-50, mediante el cual se pretende una distribución más equitativa de los recursos entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales.
La propuesta responde a una demanda de las gobernaciones, que reclaman una mayor participación en los ingresos tributarios para atender sus competencias y necesidades presupuestarias. Actualmente, los gobiernos departamentales no cuentan con el mismo esquema de coparticipación tributaria que beneficia a otros niveles e instituciones del Estado.
En ese contexto, el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, señaló que las gobernaciones deben comenzar a recibir recursos de la coparticipación tributaria a partir de 2027, en cumplimiento de los compromisos asumidos durante las reuniones con el Gobierno central.
“Las alcaldías coparticipan, las universidades coparticipan, las gobernaciones no, así que estamos en emergencia”, manifestó Velasco a su llegada a Cobija, donde se desarrollan las reuniones entre las autoridades departamentales y el Ejecutivo nacional.
SANTA CRUZ RECLAMA LA
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS
Otro de los planteamientos de la Gobernación cruceña es la devolución de más de Bs 700 millones que, según Velasco, fueron descontados al departamento por concepto del Fondo de Exploración de Hidrocarburos.
El gobernador indicó que, ante las limitaciones económicas del Gobierno nacional, se debe considerar la posibilidad de compensar esos recursos mediante deuda interna.
Asimismo, planteó avanzar en la descentralización de los institutos técnicos, debido a que, pese a las atribuciones que tienen las gobernaciones sobre estas instituciones, actualmente no ejercerían una administración ni un control efectivo sobre su funcionamiento.
Estos temas forman parte de la agenda que Santa Cruz busca incorporar en las mesas técnicas con el Gobierno central, junto con las discusiones sobre la distribución de recursos y las competencias departamentales.
UN PROCESO PENDIENTE DE
DEFINICIÓN
El acuerdo para impulsar una ley de coparticipación tributaria abre una nueva etapa de negociación entre el Ejecutivo y los gobiernos departamentales. Sin embargo, la presentación de la propuesta en noviembre será un paso dentro de un proceso que todavía deberá definir los alcances de la distribución, los porcentajes correspondientes y los mecanismos para su aplicación.
La discusión también deberá establecer cómo se modificarán las otras normas contempladas en el acuerdo y bajo qué condiciones se garantizará que las gobernaciones dispongan de mayores recursos para cumplir sus responsabilidades.
Para Santa Cruz y el resto de los departamentos, el desafío será convertir los compromisos asumidos en medidas concretas que permitan fortalecer sus presupuestos y atender las demandas regionales.