San Andrés: la isla donde la ley es un adorno

Una caminata por San Andrés con un teléfono en una mano y el Código de Policía en la otra. Las normas existen. Lo que no aparece es quien las haga cumplir.

Por Nemesio Bustillo Bowie

Durante varios días de octubre recorrí la isla de día y de noche: el North End, la peatonal de Spratt Bight, calles de barrio y la vía que bordea el aeropuerto. Tomé fotos, medí el ruido y busqué las normas que regulan cada cosa que vi. El resultado cabe en una frase: en San Andrés no faltan leyes; falta quien las aplique.

PRIMERA PARADA

El ruido que ya nadie oye. A las 8:28 de la noche, el teléfono registró un promedio de 83 decibeles, con picos de 91, en una calle comercial. La norma nacional (Resolución 0627 de 2006) permite 70 de día y 60 de noche. Otra noche, a.las 8:41, el promedio llegó a 86. Y a las 12:07 del mediodía marcó 86, con picos de 92: 16 por encima del límite diurno. El ruido no espera a que oscurezca.

Un teléfono no es un sonómetro calibrado, así que es un indicio. Pero desde 2025 la ley contra el ruido permite a la Policía suspender la música sin medición técnica, con multas de 1,5 a 40 salarios mínimos mensuales: de $2,6 a $70 millones. Y el Decreto 0382 del 21 de septiembre de 2026 prohíbe los altoparlantes en Spratt Bight, la peatonal, la Zona Rosa y las playas de 9 p. m. a 7 a. m. Falta que alguien lo haga cumplir.

Dos lecturas del medidor: 8:28 p. m. (promedio 83 dB) y 12:07 del mediodía (promedio 86 dB).

SEGUNDA PARADA

La basura que llega hasta la pista

En el centro y en los barrios, los contenedores amarillos rebosan y las bolsas terminan en el andén. Lo más grave está en la vía que bordea el aeropuerto: decenas de bolsas contra la malla, con la pista al fondo.

La basura atrae aves, y las aves chocan con los aviones. El 25 de abril de 2023, un avión de Avianca con 184 pasajeros tuvo que regresar a la isla porque un ave golpeó uno de sus motores.

Bolsas de basura contra la malla del aeropuerto, con la pista al fondo.

En la avenida Newball, una montaña de bolsas tapa la guía táctil para personas ciegas. Un contenedor público lleva pintado el nombre de un hotel, como si fuera suyo. Arrojar basura en la calle cuesta $933.816. En esta caminata hay decenas de esas multas sin cobrar.

¿Y quién vigila a Trash Busters? La empresa de aseo cobra en la factura la recolección, el barrido y el estado de los contenedores. Quien puede multarla es la Superintendencia de Servicios Públicos: hasta 2.000 salarios mínimos mensuales, unos $3.500 millones por cada año de falta (Ley 142 de 1994, art. 81). La Gobernación debe exigirle y denunciarla. Y cada vecino puede quejarse; la empresa debe responder en 15 días hábiles.

TERCERA PARADA

Patinetas, motos y vendedores en la peatonal

Desde julio de 2025, la Ley 2486 prohíbe que las patinetas eléctricas circulen por andenes y zonas peatonales (multa de $350.181) y fija una edad mínima de 16 años. Aun así, de noche, en la peatonal comercial, pasan niños en patineta, sin casco, entre la gente. La responsabilidad es de los adultos: de los padres y de quien les alquila la patineta. ¿Dónde están la Policía, la Secretaría de Movilidad, las de Gobierno y Turismo, el ICBF y la Gobernación?

Por la misma peatonal pasan motos, aunque el Código Nacional de Tránsito lo prohíbe (Ley 769 de 2002, art. 94).

Los vendedores ambulantes. Los carritos de comidase instalan en medio del paso, se calzan con ladrillos junto a las mesas de los restaurantes y se plantan frente a la entrada de los hoteles. No hay zonas marcadas, ni horarios, ni un registro público de quién tiene permiso. Frente a la playa, sobre el adoquín, hay casetas fijas de madera con techos de lona amarrados a las palmas, mesas llenas de sombreros y caretas de buceo colgadas a la vista. Algunas se estacionan incluso en plena curva, algo que el Código Nacional de Tránsito prohíbe (Ley 769 de 2002, art. 76) y que se sanciona con una multa de $633.050. En la peatonal renovada, el adoquín está levantado y una caja de inspección quedó destapada, con una llanta como única advertencia.

Y no son solo ellos. Restaurantes que sacan sus mesas hasta la mitad del paso y bares improvisados en la playa también ocupan lo que es de todos. El Código de Policía no distingue: ocupar el espacio público sin permiso cuesta $116.727 y, si se repite, el decomiso de lo que se usa para ocuparlo (Ley 1801 de 2016, art. 140).

Si tienen permiso, debería estar a la vista. Si no lo tienen, la ley dice qué hacer. Basta con aplicarla.

Casetas de venta con lonas, sombreros y caretas de buceo sobre la peatonal, frente al mar.

CUARTA PARADA

Mirar hacia arriba. En muchos postes se enreda una maraña de cables de luz, internet y televisión: rollos sobrantes, líneas cortadas, cajas enterradas.

Desde 2023, la regulación obliga a los operadores a marcar sus cables y permite retirar los que no se usan, cobrándoles el costo. La herramienta existe. Basta con que alguien la use. Una maraña de cables colgando bajo un transformador, y la caja 20187 de la empresa de energía entre rollos de cable sobrante. Fotos del autor, octubre de 2026.

QUINTA PARADA

La calle sin reglas: semáforos en rojo y celular al volante. En la calle, las reglas más básicas también se volvieron opcionales. En los cruces con semáforo es común ver carros y motos que siguen de largo con la luz en rojo, y conductores que manejan con una mano en el timón y el celular pegado a la oreja. Las dos cosas están prohibidas desde 2002 en el Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002, art. 131). Pasarse el semáforo en rojo cuesta $1.266.100 en 2026 y, si es una moto, puede quedar inmovilizada. Hablar por celular mientras se conduce, sin manos libres, cuesta $633.050. Un peatón que cruza confiado con el verde, un niño en patineta, un turista distraído: cualquiera puede ser la víctima. Se ven a diario, y no se ve a nadie que las sancione.

Filas de mulitas de alquiler usan la vía como vitrina y parqueadero. Algunas se estacionan incluso en plena curva, algo que el Código Nacional de Tránsito prohíbe (Ley 769 de 2002, art. 76) y que se sanciona con unamulta de $633.050. En la peatonal renovada, el adoquín está levantado y una caja de inspección quedó destapada, con una llanta como única advertencia.

LA PREGUNTA DE FONDO

¿Y la autoridad dónde está?

El último balance que publicó la Policía para el Archipiélago, de 2018, registró apenas 79 multas por.ruido en todo el año: menos de dos por semana.

Varias secretarías se reparten el espacio público, la.movilidad, el ruido y la convivencia, y ninguna da la cara por el resultado. Hacer cumplir la ley es impopular y quita votos. Eso piensa el político.

Pero la cuenta está mal hecha: los votos que se pierden por aplicar la ley son pocos y hacen ruido; los vecinos cansados de la música, la basura y las patinetas son muchos y están callados. Hasta el día de las elecciones.

LO QUE SÍ SE PUEDE HACER

No hacen falta leyes nuevas. Comparendos a patinetas y motos en las peatonales, y control a quienes alquilan patinetas a menores de 16 años.

Aplicar el Código de Policía a quien ocupe la peatonal: multa y,si reincide, decomiso. Más recolección, contenedores con tapa y ningún punto de basura junto al aeropuerto; visita de la Superintendencia a Trash Busters.

Agentes de tránsito en los cruces, operativos nocturnos contra el ruido y limpieza de postes.

Publicar cada mes cuántos comparendos se imponen y dónde.

A los vecinos también nos toca: llamar al 123, quejarnos por escrito y documentar con fecha y lugar.

Una isla que vive del turismo no puede darse el lujo de ser ruidosa, sucia y desordenada. Hacer cumplir la ley no es mano dura. Es respeto por quienes vivimos aquí y por quienes nos visitan.

Nemesio Bustillo Bowie · San Andrés Isla, octubre de 2026