GNP ofrece reparar el vehículo involucrado en muerte de tránsito, pero mantiene rechazo a cubrir responsabilidad civil
A casi dos años de la muerte de Jonathan Rubén Díaz Rodríguez, asegurado y ajustador no alcanzaron un acuerdo en el Instituto de Justicia Alternativa; habrá una nueva cita para presentar otra propuesta.
A casi dos años de la muerte del oficial de Tránsito Municipal de Puerto Vallarta, Jonathan Rubén Díaz Rodríguez, continúa el conflicto por la cobertura de responsabilidad civil de la póliza de Seguros GNP del vehículo que lo atropelló. El 8 de octubre de 2026, el propietario del automóvil y el ajustador de la aseguradora acudieron al Instituto de Justicia Alternativa (IJA), pero no lograron un acuerdo reparatorio y solicitaron una nueva cita para presentar otra propuesta.
Francisco Javier “N”, ajustador de GNP, compareció en calidad de imputado por el presunto delito de responsabilidad profesional y técnica, mientras que Erik Mike Arellano Haro, propietario de la póliza, acudió como víctima dentro del procedimiento relacionado con la actuación del representante de la aseguradora.
De acuerdo con el señalamiento de Arellano Haro, durante la reunión el ajustador mantuvo su postura de ofrecer únicamente la reparación del vehículo Mazda 3 involucrado en el accidente, sin plantear una solución respecto de la cobertura de responsabilidad civil por el fallecimiento del agente vial.
El propietario de la póliza cuestionó que GNP esté dispuesta a cubrir los daños materiales del automóvil, pero mantenga el rechazo a pagar la responsabilidad civil por la muerte del oficial, ocurrida en el mismo accidente y cuando el vehículo era conducido por la misma persona.
GNP cambió su postura sobre los daños materiales
El caso se remonta al 27 de octubre de 2024, cuando Jonathan Rubén Díaz Rodríguez, de 26 años, fue atropellado mientras desempeñaba sus funciones como agente de Tránsito Municipal, luego de brindar apoyo en un reporte de balacera en la colonia Guadalupe Victoria.
El automóvil involucrado era un Mazda 3, modelo 2008, propiedad de Erik Mike Arellano Haro y conducido por su amigo Néstor Vicente “N”, quien, según la versión del asegurado, tenía su consentimiento para utilizar la unidad.
La póliza de cobertura amplia número 598120004 contemplaba un límite de responsabilidad civil de hasta tres millones de pesos. Sin embargo, el 6 de noviembre de 2024, GNP rechazó inicialmente la cobertura al argumentar que el siniestro estaba relacionado con un supuesto abuso de confianza, debido a que el vehículo había sido entregado al conductor para realizar reparaciones.
Arellano Haro sostuvo que existía una relación de amistad de tres años y que el automóvil fue entregado voluntariamente. También señaló que las llaves fueron proporcionadas por su madre en el domicilio familiar.
Posteriormente, tras una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), identificada con el expediente 2025/150/10504, la aseguradora modificó parcialmente su postura.
El 2 de septiembre de 2025, GNP notificó que consideraba procedente la cobertura de daños materiales para reparar el vehículo, pero mantuvo la improcedencia de la responsabilidad civil por daños a terceros y fallecimiento.
Para el asegurado, esta decisión representa una contradicción, pues considera que la autorización para reparar el automóvil reconoce que el conductor tenía consentimiento para utilizarlo, mientras que la aseguradora continúa utilizando las circunstancias de esa entrega para rechazar la cobertura por la muerte del agente.
La compañía, de acuerdo con la postura que le atribuye el asegurado, sostiene que el vehículo fue entregado para un servicio de reparación y no para uso personal.
Denuncia contra el ajustador
Ante la negativa de cobertura y las presuntas irregularidades en la atención del siniestro, Arellano Haro presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de Jalisco, registrada en la carpeta de investigación C.I. 4114/2025, contra el ajustador por su probable responsabilidad profesional y técnica.
En su denuncia, el propietario señaló presuntas deficiencias en la asesoría recibida y afirmó que fue presionado para redactar una declaración inicial de manera apresurada desde su teléfono celular. Estas acusaciones forman parte de los señalamientos del denunciante y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial de responsabilidad.
El antecedente inmediato de la reunión del 8 de octubre fue la audiencia celebrada el 27 de agosto, cuando los abogados del ajustador solicitaron suspender el procedimiento para acudir al Instituto de Justicia Alternativa y buscar una posible solución mediante un acuerdo.
Sin embargo, la cita de octubre concluyó sin convenio. Según la versión del asegurado, el ajustador pidió una última reunión para presentar una nueva propuesta de la compañía.
La reparación del vehículo no resuelve el reclamo por el fallecimiento
La controversia se centra en la negativa de GNP a cubrir la responsabilidad civil derivada de la muerte de Jonathan Rubén Díaz Rodríguez, pese a que el propietario afirma que la póliza estaba vigente cuando ocurrió el accidente.
El Ayuntamiento de Puerto Vallarta entregó previamente 300 mil pesos de apoyo a los padres del oficial fallecido. No obstante, el reclamo relacionado con la cobertura de la aseguradora continúa sin resolverse.
Mientras tanto, el Mazda 3 permanece retenido en un corralón de grúas en Boca de Tomates, de acuerdo con lo señalado por su propietario, quien sostiene que la unidad no ha sido liberada porque sigue pendiente la reparación del daño a las víctimas.
La nueva cita ante el Instituto de Justicia Alternativa abrirá otra oportunidad para que la aseguradora presente una propuesta. Por ahora, no existe un acuerdo reparatorio entre las partes y continúa pendiente la controversia sobre la cobertura de responsabilidad civil por el fallecimiento del agente de Tránsito Municipal.
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